Las víctimas de trata en América Latina están desprotegidas. En Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú las estrategias estatales abordan el tema solo desde un enfoque punitivo. La organización Women’s Link WorldWide presenta este martes en la OEA un informe que evidencia las dificultades para identificar y atender a las víctimas en la región. La investigación revela que ninguno de los cinco países cuenta con datos unificados ni fiables, que permitan dimensionar la magnitud y las dinámicas de este delito.
En Colombia, las autoridades no tienen un protocolo para la identificación de posibles casos. De enero de 2011 a abril de 2016, solo hubo 52 sentencias condenatorias de 908 investigaciones. La asistencia es casi nula. Por eso reclaman acompañamiento jurídico, oportunidades de empleo y reparación integral. Carmen Martínez, directora legal regional de Women’s Link Worldwide, habla de la cadena de desprotección a la que son sometidos quienes denuncian. Se refiere a la problemática en donde existe alto flujo migratorio y se producen políticas que vulneran los derechos y las garantías de las víctimas. La organización que representa intervino recientemente en un proceso por el caso de una venezolana de 13 años que fue llevada por su papá a una ciudad fronteriza en Colombia, en donde la vendió a un burdel y la obligaron a prostituirse durante cinco meses. Al ser identificada, la menor manifestó el temor de regresar por las amenazas de muerte que recibió de su padre antes de venderla, sin embargo, el defensor de familia a cargo de su proceso ordenó que fuera devuelta a Venezuela.
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“Las deportaciones masivas y que no se estudie cada situación de forma particular, no permite que se detecten posibles casos de trata. No hay protocolos claros”, insiste Martínez. En Ecuador se produjeron 26 sentencias de 742 denuncias. Apenas se identifican, lo que impide la protección de los derechos de las víctimas. México, con 152 sentencias, es el único de los países que se considera “proactivo" a la hora de detectar situaciones de trata interna. Lo hace con operativos en donde intervienen fuerzas de seguridad en locales nocturnos. “Muchas veces se revictimiza y en esos operativos se les vulneran sus derechos”, apunta la jurista.
En Paraguay, entre 2010 y 2013, el Ministerio Público reportó 145 investigaciones por este delito y hubo 19 condenas. Allí tampoco se ha reparado a las víctimas. En Perú, para ser reconocidas deben interponer una acción legal. De 908 procesos entre 2011 y 2016, solo hay 52 sentencias. La organización acompaña una denuncia contra España ante la ONU por no haber protegido a una víctima de redes con fines de explotación sexual. En Colombia siguen un proceso similar por una mujer a la que el Estado no le brindó ningún tipo de asistencia. “Esperamos que este informe no se quede en el papel. Recomendamos que se creen protocolos para la identificación y la asistencia integral. Es una obligación de los Estados”, asegura Martínez.
El estudio que presenta recuerda que el 45% de las aproximadamente 5.800 casos detectados en Sudamérica entre 2012 y 2014 eran mujeres y niñas. Más de la mitad fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y casi un tercio fueron sometidas a trabajos forzados. Por lo general, quienes son captadas en las Américas son trasladadas a otros países dentro de sus propias subregiones. La mayoría de sentenciados son hombres y suelen proceder del mismo entorno de las víctimas. Por cada cinco, hay un condenado. Están desprotegidas.
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