La Sala dejó afuera de esta disminución transitoria a alcaldes y miembros del Poder Judicial. A ellos el sueldo les variaría según determine el ente que se encargará de fijar las remuneraciones. En tanto, rechazaron agregar la rebaja de las asignaciones parlamentarias.
Los diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, impulsores de la iniciativa.
Aton
VALPARAÍSO.- La Cámara de Diputados aprobó por la unanimidad de los 150 parlamentarios presentes rebajar la dieta parlamentaria en un 50% de forma transitoria.
Según determinaron, también con 150 votos a favor, se incluirá a todas las altas autoridades del Estado en esta rebaja transitoria, incluyendo el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores.
Asimismo se agregan en esta norma a los altos cargos de empresas y universidades del Estado.
Por otro lado, se dejó fuera de la rebaja transitoria a los miembros del Poder Judicial y alcaldes. A ellos las remuneración les variará según lo considere el equipo técnico que quedó definido en la norma, será el encargado de establecer los sueldos.
Así, el sueldo de quienes se ha considerado en esta legislación, disminuirá cuando el proyecto salga despachado del Congreso y hasta un máximo de 60 días después. De todos modos aún falta un paso por el Senado.
Luego de eso, la comisión que será integrada por dos miembros designados por el consejo de Alta Dirección Pública, dos miembros por el Banco Central y un designado por el Presidente de la República, fijará las remuneraciones definitivas de todas las autoridades señaladas, incluyendo alcaldes y miembros del Poder Judicial.
Otra norma que se rechazó fue una que buscaba eliminar la prohibición de los parlamentarios que son de profesión abogados el derecho a litigar. De esta manera, deberán mantenerse sin ejercer el Derecho fuera del Congreso.
Asimismo se rechazó con 57 votos a favor, 80 en contra y 13 abstenciones, la propuesta hecha por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) de rebajar las asignaciones parlamentarias. Esta indicación, que generó diversas protestas en el Parlamento, contemplaba disminuir además de los gastos operaciones, los recursos que los legisladores tienen para pagar los sueldos de sus asesores.
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