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A casi ocho meses de su partida, la magistrada que procesó a dos ex comandantes en Jefe debe esperar que su nombre salga nuevamente por sorteo en 2023. Ello, a menos que un cambio legislativo entre en juego.
El Mercurio.
SANTIAGO.- En menos de cinco meses, la ministra Romy Rutherford remeció dos veces al Ejército: comunicó -en febrero y en julio- el proceso de dos ex comandantes en Jefe por malversación de varios miles de millones de pesos.
El primero fue el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, quien además fue formalizado por la justicia ordinaria, el 19 de febrero. En aquella oportunidad, la magistrada de la Corte Marcial lo encausó por el mal uso de $3.500 millones provenientes de gastos reservados, situación que lo mantenido recluido desde entonces en el Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén.
Ya la semana pasada, otro ex jerarca se le unió en el recinto destinado para quienes pertenecieron a la institución castrense: el general (r) Humberto Oviedo. En su caso, se le indaga por el manejo de casi $4.500 millones destinados a labores de seguridad. Su situación, en tanto, se mantiene difusa luego que su defensa recurriera al Tribunal Constitucional (TC), el cual paralizó la totalidad de las diligencias.
Pero aquellos ex uniformados no son los únicos que se encuentran en la lista de Rutherford. A la fecha, la causa cuenta con casi 40 procesados y 29 cuadernos, entre los que se encuentran "empresas de turismo", que apunta al mal uso de dineros fiscales destinados a comisiones de servicio en el extranjero; Tecnodata, ligado a órdenes de pago por insumos computacionales, particularmente de cartuchos de tinta, tóneres y cartridges; y gastos reservados.
Ante la envergadura del caso y conflictos que ha generado su andar, las diligencias de la ministra semana a semana ocupan titulares, revelando la compleja situación que se habría gestado en la institución en los últimos años. Sin embargo, su tiempo en el cargo está próximo a llegar a su fin.
El futuro de Rutherford
La ministra de Apelaciones de Santiago asumió el caso en febrero de 2017 cuando el magistrado Omar Astudillo -quien inició la indagatoria al Ejército- cumplió su período de tres años como integrante de la Corte Marcial y ella fue nombrada como nuevo miembro de dicho tribunal.
La Corte Marcial está integrada por dos ministros civiles, los auditores generales de la Fuerza Aérea y Carabineros, y por un coronel de Justicia del Ejército. La preside el más antiguo de los magistrados de alzada, quienes son designados por sorteo.
3Años duran en el cargo los ministros de Apelaciones que integren la Corte Marcial.
En el caso de Rutherford, su nombre salió producto del azar junto al del actual presidente Hernán Crisosto.
Ya transcurrido el tiempo, la permanencia de ambos está cada vez más pronta a terminar ya que en febrero del próximo año se llevará a cabo el nuevo sorteo y los elegidos asumirán el primer día hábil de marzo.
Y a medida que su trabajo es cada vez más elogiado por autoridades y representantes de distintos sectores, las posibilidades de que la ministra continúe sustanciando la causa son cada vez más acotadas.
De acuerdo a lo establecido, Rutherford solo puede volver a integral la Corte Marcial si su nombre sale otra vez en el sorteo que considera más de 30 nombres. Eso sí, aquello tendría que darse en el concurso subsiguiente, es decir para 2023. Ello considerando que el caso aún exista para la fecha. Además, de ocurrir aquello, el liderazgo de la investigación también podría recaer en el otro ministro civil que resulte electo.
Paralelamente, explicaron a Emol desde el Poder Judicial, no existe otra petición extraordinaria. De hecho, la llegada de Rutherford al máximo tribunal militar ocurrió luego que el Pleno de la Corte Suprema rechazara la petición de algunos intervinientes para mantener, por un año más, al ministro Astudillo.
Sin embargo, desde el área política se levantó una nueva opción que podría cambiar las reglas del juego.
En mayo de este año los diputados Matías Walker (DC), Jorge Brito (RD) y Francisco Undurraga (Evópoli) presentaron en la Cámara Baja un proyecto de ley que busca ampliar el periodo de trabajo de los magistrados civiles.
De acuerdo al documento, se tendrían que realizar modificaciones al Código de Justicia Militar, particularmente al artículo 51°, agregando lo siguiente: "Los Ministros de Corte de Apelaciones que integren las Cortes Marciales durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser prorrogado por un año, por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema".
"A raíz del caso de la ministra en visita que está investigando el fraude en el Ejército, es claro que la defensa de los imputados está interesada en que se le venza el plazo, toda vez que la investigación ha producido muy buenos resultados y, en ese sentido, advertimos que el plazo de vigencia que tienen los ministros de la corte marcial para hacer esta investigación es un plazo muy breve", señaló Walker a El Mercurio en su oportunidad.
La moción se encuentra actualmente en primer trámite en la comisión de constitución de la Cámara de Diputados.
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