Una de las máquinas que se encuentran en los salones de juego de Santiago.
Durante años, la asociación que opera más de 33 mil máquinas tragamonedas en el país ha intentado legalizar su actividad. El lobby desplegado está hoy bajo investigación de parte de la fiscalía. También las relaciones construidas con diversos actores políticos.
Lo que más inquieta a los imputados que fueron allanados por la PDI en el caso tragamonedas la semana pasada es que los efectivos de la Bridec se llevaron sus teléfonos celulares personales.
El Ministerio Público ha sido hermético en esta causa. Los abogados defensores solo saben que sus clientes están siendo investigados por lavado de activos, que hay diligencias intrusivas en contra de empresarios del rubro y de tres asesores vinculados a la política: Pablo Zalaquett, el abogado Carlos Tudela y el exsuperintendente de casinos Francisco Leiva.
Los allanamientos se realizaron tras un largo seguimiento de escuchas telefónicas, en una causa en la que, dicen fuentes ligadas a la investigación, se indaga presunto cohecho como delito base de un caso de lavado de activos. La fiscalía, sin embargo, ha optado por no referirse al caso.
En el entorno de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado, Fiden -cuya directiva fue objeto de allanamientos- creen que la nueva investigación que el fiscal Roberto Contreras separó de la causa original -focalizada en la legalidad de los tragamonedas- no es otra cosa que una arista política.
En el Poder Legislativo y en los gobiernos municipales ya surgen las primeras revisiones internas respecto de cuánto contacto tuvieron con el lobby que la asociación desplegó en los últimos años en distintas comunas y en ambas cámaras. Esto, para impulsar, en primera instancia, permisos y patentes para instalar sus máquinas en distintas comunas de Chile. Y luego para promocionar una iniciativa que busca legalizar la actividad que hasta ahora es considerada ilegal y que es interpretada dentro de un vacío en la norma. En Chile, según un estudio de 2016 de la Universidad Católica, existen 33 mil máquinas tragamonedas y más de 1.300 locales. Las comunas con mayor presencia de estos juegos son Estación Central, Curicó, Temuco y Coquimbo.Los nexos de los integrantes de la asociación y sus empresarios es una de las líneas de investigación en esta causa. La Tercera constató lazos familiares, conexiones de campaña y vínculos contractuales con algunos políticos. Por su parte, la asociación anunció este viernes que hará una denuncia por filtraciones de la causa ante los tribunales de justicia y acusa al fiscal Contreras de imputar “arbitrariamente” el delito de lavado de activos.
Fiden y el lobby
Fiden es una asociación fundada en octubre de 2003. Hoy la preside el empresario Sebastián Salazar. Sus directores son Jaime Curihual (vicepresidente), Juan Carlos Aliste (secretario), Isaac Latorres y Alberto Hadad. Todos fueron objeto de allanamientos. Pero, según explicaron en su comunicado público de este viernes, “Fiden ha procurado en los últimos años la defensa y regulación de los juegos de habilidad y destreza, y de juego programado, a través de los cauces institucionales, tales como los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, los municipios y la Superintendencia de Casinos de Juego, entre otros, en forma pública y transparente”, dice. Esto, “por cuanto existen evidentes vacíos legales derivados de una regulación que es anticuada y que es preciso modernizar”.
La ley sobre esta actividad que para algunos constituyen casinos ilegales y para otros juegos no normados, avanzó justamente este mes de agosto en el Senado.El gobierno ha ido en contra de la legalización, y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, explicó ayer una opinión personal al respecto a La Tercera: “Esto involucra varias leyes, algunas que están vigentes y que se han intentado modificar. Yo sí creo, y la experiencia latinoamericana así lo demuestra, que la proliferación de este juego, ya sea en un marco jurídico nítido o no, genera externalidades negativas desde el punto de vista de la seguridad. Cuando uno mira en Latinoamérica las ciudades que han optado por regularizar este tipo de máquinas, hay alrededor de eso a lo menos una percepción de mayores niveles de inseguridad”, dice.Dos iniciativas coexisten en la Cámara Alta hoy: un proyecto que busca normar la actividad y que impulsaron en 2013 Ximena Rincón y Fulvio Rossi, además de Carlos Bianchi y Jaime Quintana. Y el otro, de autoría del senador Alejandro Navarro, que apunta a la prohibición total. Bianchi, uno de los patrocinantes del proyecto que busca regular la actividad, dijo ayer a La Tercera: “Ojalá no existieran las máquinas, pero existen y hay que normarlas”.Al iniciarse este año la actividad legislativa, los integrantes de la Comisión de Gobierno del Senado -que preside Pedro Araya y que integran Bianchi, Rabindranath Quinteros, Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea- solicitaron al secretario de la instancia hacer un catastro de los proyectos que podrían fusionarse. Y en virtud de que ambas iniciativas apuntan a lo mismo, los proyectos fueron unidos.Mientras el senador Navarro alega que es improcedente juntar dos proyectos totalmente opuestos, los cinco integrantes de la comisión aprobaron la idea de legislar, el lunes 20 de agosto pasado. Los integrantes de la Fiden -que habían asistido antes a la comisión- celebraron la decisión.Entre los pasos que anteceden a ese último hito figuran en los registros del Congreso un proyecto de acuerdo de 10 diputados, de 2013, para contrarrestar una iniciativa del gobierno que buscaba prohibir los juegos, y una visita de dirigentes de la Fiden, en enero de 2015, a la Comisión de Economía de la Cámara de diputados para proponer una regulación. El presidente de la instancia, Fuad Chahin, coincidía en ese tiempo con el gremio “en la necesidad de normar la industria”.
Nexos con Fiden
Carlos Tudela: abogado DC ligado a casos SQM y Junaeb
El abogado Carlos Tudela Aroca declaró judicialmente en 2016, en el caso SQM, que tenía una larga trayectoria política. Estudió en la Universidad de Chile, fue presidente regional y consejero nacional de la Democracia Cristiana. Entre 1978 y 1982 compartió estudio jurídico con Soledad Alvear. Entre 1994 y 2001 fue embajador de Chile en Singapur, en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos; luego trabajó en los ministerios de Agricultura y Educación y fue asesor legistativo del ministro Segpres José Antonio Viera- Gallo. En 2008 y 2009 fue todas las semanas al Congreso. Más tarde fue asesor de tres diputados DC: Ricardo Rincón, Víctor Torres y Roberto León. Políticamente, integra el grupo conocido como “los guatones” en la DC, ha dicho, igual que Marcelo Rozas y el senador Jorge Pizarro.En 2010 comenzó a ejercer como abogado independiente. Interrogado en septiembre de 2016, Tudela dijo trabajar con “laboratorios, farmacias, retail, minería, la banca, defensa. Por razones profesionales prefería no dar sus nombres”.Tudela ha sido imputado en dos causas: en el caso SQM, donde fue formalizado por facilitación de boletas de honorarios falsas, y sobreseído en 2017; y en la indagación por anomalías en las licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Ahora, Tudela está imputado en la causa por lavado de activos que la fiscalía dirige contra la industria de las máquinas de juego, reunida en la Fiden. Hace una semana, detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) allanaron uno de sus domicilios. Tudela concertaba reuniones y traspasaba minutas sobre la legalización de los tragamonedas a parlamentarios.En el expediente del caso SQM figura un e-mail enviado el 13 de agosto de 2013 por la secretaria del diputado DC Aldo Cornejo a Tudela. El asunto es “Proyecto de acuerdo” y se adjunta un documento firmado por varios legisladores que acuerdan regular la actividad de las máquinas tragamonedas. En otro correo, enviado por la misma secretaria a Tudela en noviembre de 2013, con el asunto “Casinos”, se adjunta un documento nombrado “Regulación casinos y tragamonedas”.La Tercera intentó contactarse, sin éxito, con Tudela.Pablo Zalaquett, de alcalde a lobbista de la FidenLa carrera pública del militante UDI Pablo Zalaquett se inició en el año 2000, cuando asumió como alcalde de La Florida. Ocho años después ocupó el sillón edilicio en la comuna de Santiago. La reelección de 2012 la perdió ante Carolina Tohá y al año siguiente postuló sin éxito a Senado por la circunscripción Santiago Poniente. Esa fue su última actividad ligada a un cargo público, pero continuó relacionado con las personas encargadas de tomar decisiones. Eso sí, ahora desde una nueva vereda: gestor de intereses.Según fuentes ligadas a la investigación a la Fiden, en que se indaga un presunto lavado de activos, Zalaquett llevaría por lo menos tres años trabajando para esta asociación gremial. En una primera instancia habría llegado a través de su empresa de comunicaciones. Luego fue reclutado como asesor y gestor de intereses. En el marco de esta actividad fue que el año 2016 concretó una serie de reuniones.Este periodo coincide con la ofensiva de Fiden en el Parlamento, en que gestionó una serie de reuniones con políticos para impulsar el proyecto que busca regular el uso de tragamonedas fuera de los casinos de juego. Así, en 2016 Zalaquett visitó en sus oficinas a los senadores Rabindranath Quinteros (DC) e Iván Moreira (UDI).Su labor para la Fiden también lo llevó a regiones, donde se reunió con la directora jurídica de la Municipalidad de Concepción, Ximena Torrejón, y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause. En julio pasado se reunió con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para exponer sobre “la proliferación de casinos informales ilegales y sugerir ámbito de acción para resolver y/o regular dicha situación”.Su residencia fue allanada la semana pasada por la investigación a la Fiden y los detectives se llevaron su teléfono celular y el computador de su hija. En esta causa, el exalcalde contrató al abogado Marcelo Hadwa Issa.Esta no es la primera vez que Zalaquett es investigado por la fiscalía. En 2015 fue formalizado por el caso Penta por delitos tributarios relacionados al financiamiento de campañas políticas.Aldo Cornejo, un declarado partidario de la legalizaciónLos integrantes de Fiden siguieron de cerca la fallida campaña a senador por Valparaíso del exdiputado DC Aldo Cornejo. Pero el exedil sacó menos del 3% en la elección, donde consiguió 16.381 votos.Para los empresarios del rubro, Cornejo es un aliado. Según explica el propio exdiputado a La Tercera, mientras estuvo en el Congreso su intención fue siempre escuchar y buscar fórmulas para regular la actividad. Si bien conoce a Sebastián Salazar y a Alberto Hadad -directores de Fiden-, su nexo más nítido con la asociación es el asesor y exembajador DC Carlos Tudela.Según información que estaría en manos del Ministerio Público, Tudela se comprometía a hacer llegar minutas y concertar reuniones entre directores del gremio y Cornejo. El exdiputado reconoce las reuniones, pero no la recepción de minutas.En 2013, Cornejo tuvo un rol legislativo importante para Fiden. El gobierno de Sebastián Piñera había frenado una iniciativa impulsada por la propia subsecretaria de Hacienda, que buscaba regular esta actividad. Fue el entonces subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, quien en julio de 2013 señaló que no iban a impulsar “casinos ilegales”.Cornejo, sin embargo, junto a otros 10 parlamentarios levantaron al poco tiempo un protocolo de acuerdo en la Cámara, que buscaba todo lo contrario. “El Ejecutivo no puede abstraerse y negarse a discutir una realidad”, dijo a la prensa tras presentar el protocolo en septiembre de 2013. Sus argumentos se mantienen: “Sigo estando convencido de que no se puede tapar el sol con un dedo. No sé cuántos de estos negocios hay en Chile, pero son muchos. Siempre me pareció necesario establecer un criterio”, dice.Aldo Cornejo descarta que en forma legal o ilegal haya recibido dinero desde la asociación para su campaña: “No he recibido nunca un peso de ellos”. Y agrega que de ser requerido por la fiscalía, no tendría problemas en explicarlo: “Si fuera necesario mi testimonio en los términos que le estoy hablando, no tengo ningún inconveniente en hacerlo”.Erika Olivera, la diputada emparentada con la industriaEl 31 de julio de 2017, Ruth Olivera de la Fuente, actual seremi de Deportes de Valparaíso, y el presidente del directorio de Fiden, Sebastián Salazar Bastidas, se reunieron en una notaría de calle Huérfanos 1160, en el centro de Santiago. Allí sellaron el ingreso de Olivera a la sociedad Salher Gaming Developers Limitada, donde tiene 10% de participación.Según el Diario Oficial, la firma constituida en 2013 se llamó, hasta mayo de 2016, Comercial Marsal Limitada y había inscrito entre sus marcas a “Mario el minero” y a “Bingo los 33”, ambos como equipos de juegos de “máquinas tragaperras”.Menos de dos meses después de este acuerdo societario, en septiembre de ese año, Ruth Olivera asumió como jefa de campaña y administradora electoral de su hermana, la diputada independiente pro RN Erika Olivera. Su nombre, al igual que sus vínculos con esta industria, hoy forman parte de la investigación que lidera el fiscal Roberto Contreras por supuestos delitos de lavado de activos e infracciones tributarias, entre otros ilícitos. Pero este no es el único vínculo de la diputada que está en la mira del Ministerio Público: también están los nexos de su cuñado, Francisco León von Mühlenbrock, esposo de Ruth Olivera, quien fue asesor de contenidos y finanzas de la campaña de la diputada. Actual asesor en Fonasa, León von Mühlenbrock mantendría lazos con Sebastián Salazar, presidente de Fiden. Desde 2005 es socio de Roberto León Araya, hijo del exdiputado DC Roberto León, en la Sociedad Comercializadora Max Machine Chile Limitada, firma dedicada a la seguridad industrial y que facturaba hasta 2009 cerca de $ 200 millones mensuales. Asimismo, tiene otra sociedad (R y S S.A.) con su primo León Araya, quien fue formalizado por boletas falsas en el caso SQM.La Fiscalía Oriente ya tendría antecedentes que vinculan la campaña de la diputada Olivera con presuntos aportes irregulares de Fiden. La Tercera contactó a la diputada Erika Olivera, a Ruth Olivera y a Francisco León, sin obtener, al cierre de esta edición, respuesta de los involucrados.Tucapel Jiménez y la sede de campaña en La CisternaEn el paradero de 25 de la Gran Avenida, en La Cisterna, un exsocio de Fiden y propietario de juegos de destreza, Nelson González, posee un local dentro de un conocido galpón de la zona. Según dice González, para la última campaña de 2017 el diputado PPD Tucapel Jiménez le arrendó ese local para usarlo como sede y guardar implementos de promoción.Ambos se conocen de antes. El diputado precisa, sin embargo, que no tiene una relación de amistad con el empresario. Y explica: “Alejandro Guillier tenía una sede al lado de ese local, y yo para asociarme a la campaña de Guillier, arrendé el local de él (de González). Firmamos contrato y acabo de ver que está declarado el contrato en Servel”, dice. “Esa es mi única relación con él, aparte que él, además, pertenece a la Cámara de Comercio, entonces, cuando la Cámara de Comercio celebra sus actividades, yo voy como van todos los diputados y concejales y ahí lo he visto, pero no tengo una relación de amistad”.González, por su parte, explica que ya no es parte de Fiden, que dos locales de máquinas de juegos que tenía los vendió a Jaime Curihual, director de la asociación, quien también ha asistido al Congreso a exponer sobre el interés de la gremial de legalizar la actividad.El arrendamiento de la sede que el empresario Nelson González facilitó al diputado es otro de los puntos que el Ministerio Público contemplaría en su investigación.Jiménez también firmó el protocolo de acuerdo que en 2013 buscaba regular la actividad. El diputado explica así su respaldo: “¿Qué fue lo que me hizo sentido a mí? Que hay muchas familias que dependen de esto. Y lo que a mí me preocupa es la adicción y la ludopatía, pero que los casinos grandes también la provocan”, dice.Sobre si ha recibido dinero o apoyo económico para campaña o para sí, de parte de empresarios del rubro, el diputado responde: “Nunca nada”. Tras conversar con este diario, Jiménez envió el documento que acredita haber declarado la sede en el Servel. El diputado buscó ese documento porque Nelson González lo llamó tras ser contactado por La Tercera.Nelson Hadad, su hijo y su intento por llegar al CongresoEn la última elección a diputados del distrito 11 que comprende a La Reina, Las Condes, Vitacura y Peñalolén, el exembajador de Chile en Ecuador Nelson Hadad obtuvo el respaldo de menos del 1% de los 407 mil electores que fueron a votar.Su hijo, Alberto Hadad, fue su administrador electoral de campaña y hasta el último minuto transmitía entre sus redes políticas que su padre tenía opciones de salir electo.Ambos, padre e hijo, fueron allanados por el Ministerio Público el jueves 23 de agosto. Hadad hijo es uno de los directores de la asociación Fiden y su padre considera que solo por esa razón fue él también objeto de la diligencia.Nelson Hadad militó en la DC hasta hace algunas semanas y estaba retirado de la política cuando entre el partido y su hijo lo convencieron para postular a la Cámara Baja. Asegura que no conoce el trabajo de Fiden y que tampoco se inmiscuyó en las tratativas de administración de campaña para obtener recursos.Su campaña fue austera, explican en su entorno, y se financió con solo $ 28 millones. Agregan que la fiscalía podría encontrar transferencias bancarias de un hijo a un padre en época de campañas, pero no vinculadas a delitos o irregularidades.El exdiplomático fue absuelto en 2013 de un caso de malversación de fondos que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte, luego de tres años de indagatoria y juicio.Su vida política ligada a la DC también pasó por el Poder Ejecutivo: en el gobierno de Ricardo Lagos fue subsecretario de Aviación.Hadad reactivó su vida política en la campaña pasada. Su abogado, Mario Vargas, tras la audiencia celebrada el miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía por esta causa, aseguró que no hubo nada irregular en su campaña y que tampoco Fiden tiene relación con platas políticas.“Ninguna relación. Don Nelson Hadad hizo una campaña muy austera, pidió un crédito, cosas que se están entregando a la fiscalía”, dijo Vargas el miércoles.
Una de las máquinas que se encuentran en los salones de juego de Santiago.
Durante años, la asociación que opera más de 33 mil máquinas tragamonedas en el país ha intentado legalizar su actividad. El lobby desplegado está hoy bajo investigación de parte de la fiscalía. También las relaciones construidas con diversos actores políticos.
Lo que más inquieta a los imputados que fueron allanados por la PDI en el caso tragamonedas la semana pasada es que los efectivos de la Bridec se llevaron sus teléfonos celulares personales.
El Ministerio Público ha sido hermético en esta causa. Los abogados defensores solo saben que sus clientes están siendo investigados por lavado de activos, que hay diligencias intrusivas en contra de empresarios del rubro y de tres asesores vinculados a la política: Pablo Zalaquett, el abogado Carlos Tudela y el exsuperintendente de casinos Francisco Leiva.
Los allanamientos se realizaron tras un largo seguimiento de escuchas telefónicas, en una causa en la que, dicen fuentes ligadas a la investigación, se indaga presunto cohecho como delito base de un caso de lavado de activos. La fiscalía, sin embargo, ha optado por no referirse al caso.
En el entorno de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado, Fiden -cuya directiva fue objeto de allanamientos- creen que la nueva investigación que el fiscal Roberto Contreras separó de la causa original -focalizada en la legalidad de los tragamonedas- no es otra cosa que una arista política.
En el Poder Legislativo y en los gobiernos municipales ya surgen las primeras revisiones internas respecto de cuánto contacto tuvieron con el lobby que la asociación desplegó en los últimos años en distintas comunas y en ambas cámaras. Esto, para impulsar, en primera instancia, permisos y patentes para instalar sus máquinas en distintas comunas de Chile. Y luego para promocionar una iniciativa que busca legalizar la actividad que hasta ahora es considerada ilegal y que es interpretada dentro de un vacío en la norma. En Chile, según un estudio de 2016 de la Universidad Católica, existen 33 mil máquinas tragamonedas y más de 1.300 locales. Las comunas con mayor presencia de estos juegos son Estación Central, Curicó, Temuco y Coquimbo.Los nexos de los integrantes de la asociación y sus empresarios es una de las líneas de investigación en esta causa. La Tercera constató lazos familiares, conexiones de campaña y vínculos contractuales con algunos políticos. Por su parte, la asociación anunció este viernes que hará una denuncia por filtraciones de la causa ante los tribunales de justicia y acusa al fiscal Contreras de imputar “arbitrariamente” el delito de lavado de activos.
Fiden y el lobby
Fiden es una asociación fundada en octubre de 2003. Hoy la preside el empresario Sebastián Salazar. Sus directores son Jaime Curihual (vicepresidente), Juan Carlos Aliste (secretario), Isaac Latorres y Alberto Hadad. Todos fueron objeto de allanamientos. Pero, según explicaron en su comunicado público de este viernes, “Fiden ha procurado en los últimos años la defensa y regulación de los juegos de habilidad y destreza, y de juego programado, a través de los cauces institucionales, tales como los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, los municipios y la Superintendencia de Casinos de Juego, entre otros, en forma pública y transparente”, dice. Esto, “por cuanto existen evidentes vacíos legales derivados de una regulación que es anticuada y que es preciso modernizar”.
La ley sobre esta actividad que para algunos constituyen casinos ilegales y para otros juegos no normados, avanzó justamente este mes de agosto en el Senado.El gobierno ha ido en contra de la legalización, y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, explicó ayer una opinión personal al respecto a La Tercera: “Esto involucra varias leyes, algunas que están vigentes y que se han intentado modificar. Yo sí creo, y la experiencia latinoamericana así lo demuestra, que la proliferación de este juego, ya sea en un marco jurídico nítido o no, genera externalidades negativas desde el punto de vista de la seguridad. Cuando uno mira en Latinoamérica las ciudades que han optado por regularizar este tipo de máquinas, hay alrededor de eso a lo menos una percepción de mayores niveles de inseguridad”, dice.Dos iniciativas coexisten en la Cámara Alta hoy: un proyecto que busca normar la actividad y que impulsaron en 2013 Ximena Rincón y Fulvio Rossi, además de Carlos Bianchi y Jaime Quintana. Y el otro, de autoría del senador Alejandro Navarro, que apunta a la prohibición total. Bianchi, uno de los patrocinantes del proyecto que busca regular la actividad, dijo ayer a La Tercera: “Ojalá no existieran las máquinas, pero existen y hay que normarlas”.Al iniciarse este año la actividad legislativa, los integrantes de la Comisión de Gobierno del Senado -que preside Pedro Araya y que integran Bianchi, Rabindranath Quinteros, Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea- solicitaron al secretario de la instancia hacer un catastro de los proyectos que podrían fusionarse. Y en virtud de que ambas iniciativas apuntan a lo mismo, los proyectos fueron unidos.Mientras el senador Navarro alega que es improcedente juntar dos proyectos totalmente opuestos, los cinco integrantes de la comisión aprobaron la idea de legislar, el lunes 20 de agosto pasado. Los integrantes de la Fiden -que habían asistido antes a la comisión- celebraron la decisión.Entre los pasos que anteceden a ese último hito figuran en los registros del Congreso un proyecto de acuerdo de 10 diputados, de 2013, para contrarrestar una iniciativa del gobierno que buscaba prohibir los juegos, y una visita de dirigentes de la Fiden, en enero de 2015, a la Comisión de Economía de la Cámara de diputados para proponer una regulación. El presidente de la instancia, Fuad Chahin, coincidía en ese tiempo con el gremio “en la necesidad de normar la industria”.
Nexos con Fiden
Carlos Tudela: abogado DC ligado a casos SQM y Junaeb
El abogado Carlos Tudela Aroca declaró judicialmente en 2016, en el caso SQM, que tenía una larga trayectoria política. Estudió en la Universidad de Chile, fue presidente regional y consejero nacional de la Democracia Cristiana. Entre 1978 y 1982 compartió estudio jurídico con Soledad Alvear. Entre 1994 y 2001 fue embajador de Chile en Singapur, en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos; luego trabajó en los ministerios de Agricultura y Educación y fue asesor legistativo del ministro Segpres José Antonio Viera- Gallo. En 2008 y 2009 fue todas las semanas al Congreso. Más tarde fue asesor de tres diputados DC: Ricardo Rincón, Víctor Torres y Roberto León. Políticamente, integra el grupo conocido como “los guatones” en la DC, ha dicho, igual que Marcelo Rozas y el senador Jorge Pizarro.En 2010 comenzó a ejercer como abogado independiente. Interrogado en septiembre de 2016, Tudela dijo trabajar con “laboratorios, farmacias, retail, minería, la banca, defensa. Por razones profesionales prefería no dar sus nombres”.Tudela ha sido imputado en dos causas: en el caso SQM, donde fue formalizado por facilitación de boletas de honorarios falsas, y sobreseído en 2017; y en la indagación por anomalías en las licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Ahora, Tudela está imputado en la causa por lavado de activos que la fiscalía dirige contra la industria de las máquinas de juego, reunida en la Fiden. Hace una semana, detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) allanaron uno de sus domicilios. Tudela concertaba reuniones y traspasaba minutas sobre la legalización de los tragamonedas a parlamentarios.En el expediente del caso SQM figura un e-mail enviado el 13 de agosto de 2013 por la secretaria del diputado DC Aldo Cornejo a Tudela. El asunto es “Proyecto de acuerdo” y se adjunta un documento firmado por varios legisladores que acuerdan regular la actividad de las máquinas tragamonedas. En otro correo, enviado por la misma secretaria a Tudela en noviembre de 2013, con el asunto “Casinos”, se adjunta un documento nombrado “Regulación casinos y tragamonedas”.La Tercera intentó contactarse, sin éxito, con Tudela.Pablo Zalaquett, de alcalde a lobbista de la FidenLa carrera pública del militante UDI Pablo Zalaquett se inició en el año 2000, cuando asumió como alcalde de La Florida. Ocho años después ocupó el sillón edilicio en la comuna de Santiago. La reelección de 2012 la perdió ante Carolina Tohá y al año siguiente postuló sin éxito a Senado por la circunscripción Santiago Poniente. Esa fue su última actividad ligada a un cargo público, pero continuó relacionado con las personas encargadas de tomar decisiones. Eso sí, ahora desde una nueva vereda: gestor de intereses.Según fuentes ligadas a la investigación a la Fiden, en que se indaga un presunto lavado de activos, Zalaquett llevaría por lo menos tres años trabajando para esta asociación gremial. En una primera instancia habría llegado a través de su empresa de comunicaciones. Luego fue reclutado como asesor y gestor de intereses. En el marco de esta actividad fue que el año 2016 concretó una serie de reuniones.Este periodo coincide con la ofensiva de Fiden en el Parlamento, en que gestionó una serie de reuniones con políticos para impulsar el proyecto que busca regular el uso de tragamonedas fuera de los casinos de juego. Así, en 2016 Zalaquett visitó en sus oficinas a los senadores Rabindranath Quinteros (DC) e Iván Moreira (UDI).Su labor para la Fiden también lo llevó a regiones, donde se reunió con la directora jurídica de la Municipalidad de Concepción, Ximena Torrejón, y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause. En julio pasado se reunió con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para exponer sobre “la proliferación de casinos informales ilegales y sugerir ámbito de acción para resolver y/o regular dicha situación”.Su residencia fue allanada la semana pasada por la investigación a la Fiden y los detectives se llevaron su teléfono celular y el computador de su hija. En esta causa, el exalcalde contrató al abogado Marcelo Hadwa Issa.Esta no es la primera vez que Zalaquett es investigado por la fiscalía. En 2015 fue formalizado por el caso Penta por delitos tributarios relacionados al financiamiento de campañas políticas.Aldo Cornejo, un declarado partidario de la legalizaciónLos integrantes de Fiden siguieron de cerca la fallida campaña a senador por Valparaíso del exdiputado DC Aldo Cornejo. Pero el exedil sacó menos del 3% en la elección, donde consiguió 16.381 votos.Para los empresarios del rubro, Cornejo es un aliado. Según explica el propio exdiputado a La Tercera, mientras estuvo en el Congreso su intención fue siempre escuchar y buscar fórmulas para regular la actividad. Si bien conoce a Sebastián Salazar y a Alberto Hadad -directores de Fiden-, su nexo más nítido con la asociación es el asesor y exembajador DC Carlos Tudela.Según información que estaría en manos del Ministerio Público, Tudela se comprometía a hacer llegar minutas y concertar reuniones entre directores del gremio y Cornejo. El exdiputado reconoce las reuniones, pero no la recepción de minutas.En 2013, Cornejo tuvo un rol legislativo importante para Fiden. El gobierno de Sebastián Piñera había frenado una iniciativa impulsada por la propia subsecretaria de Hacienda, que buscaba regular esta actividad. Fue el entonces subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, quien en julio de 2013 señaló que no iban a impulsar “casinos ilegales”.Cornejo, sin embargo, junto a otros 10 parlamentarios levantaron al poco tiempo un protocolo de acuerdo en la Cámara, que buscaba todo lo contrario. “El Ejecutivo no puede abstraerse y negarse a discutir una realidad”, dijo a la prensa tras presentar el protocolo en septiembre de 2013. Sus argumentos se mantienen: “Sigo estando convencido de que no se puede tapar el sol con un dedo. No sé cuántos de estos negocios hay en Chile, pero son muchos. Siempre me pareció necesario establecer un criterio”, dice.Aldo Cornejo descarta que en forma legal o ilegal haya recibido dinero desde la asociación para su campaña: “No he recibido nunca un peso de ellos”. Y agrega que de ser requerido por la fiscalía, no tendría problemas en explicarlo: “Si fuera necesario mi testimonio en los términos que le estoy hablando, no tengo ningún inconveniente en hacerlo”.Erika Olivera, la diputada emparentada con la industriaEl 31 de julio de 2017, Ruth Olivera de la Fuente, actual seremi de Deportes de Valparaíso, y el presidente del directorio de Fiden, Sebastián Salazar Bastidas, se reunieron en una notaría de calle Huérfanos 1160, en el centro de Santiago. Allí sellaron el ingreso de Olivera a la sociedad Salher Gaming Developers Limitada, donde tiene 10% de participación.Según el Diario Oficial, la firma constituida en 2013 se llamó, hasta mayo de 2016, Comercial Marsal Limitada y había inscrito entre sus marcas a “Mario el minero” y a “Bingo los 33”, ambos como equipos de juegos de “máquinas tragaperras”.Menos de dos meses después de este acuerdo societario, en septiembre de ese año, Ruth Olivera asumió como jefa de campaña y administradora electoral de su hermana, la diputada independiente pro RN Erika Olivera. Su nombre, al igual que sus vínculos con esta industria, hoy forman parte de la investigación que lidera el fiscal Roberto Contreras por supuestos delitos de lavado de activos e infracciones tributarias, entre otros ilícitos. Pero este no es el único vínculo de la diputada que está en la mira del Ministerio Público: también están los nexos de su cuñado, Francisco León von Mühlenbrock, esposo de Ruth Olivera, quien fue asesor de contenidos y finanzas de la campaña de la diputada. Actual asesor en Fonasa, León von Mühlenbrock mantendría lazos con Sebastián Salazar, presidente de Fiden. Desde 2005 es socio de Roberto León Araya, hijo del exdiputado DC Roberto León, en la Sociedad Comercializadora Max Machine Chile Limitada, firma dedicada a la seguridad industrial y que facturaba hasta 2009 cerca de $ 200 millones mensuales. Asimismo, tiene otra sociedad (R y S S.A.) con su primo León Araya, quien fue formalizado por boletas falsas en el caso SQM.La Fiscalía Oriente ya tendría antecedentes que vinculan la campaña de la diputada Olivera con presuntos aportes irregulares de Fiden. La Tercera contactó a la diputada Erika Olivera, a Ruth Olivera y a Francisco León, sin obtener, al cierre de esta edición, respuesta de los involucrados.Tucapel Jiménez y la sede de campaña en La CisternaEn el paradero de 25 de la Gran Avenida, en La Cisterna, un exsocio de Fiden y propietario de juegos de destreza, Nelson González, posee un local dentro de un conocido galpón de la zona. Según dice González, para la última campaña de 2017 el diputado PPD Tucapel Jiménez le arrendó ese local para usarlo como sede y guardar implementos de promoción.Ambos se conocen de antes. El diputado precisa, sin embargo, que no tiene una relación de amistad con el empresario. Y explica: “Alejandro Guillier tenía una sede al lado de ese local, y yo para asociarme a la campaña de Guillier, arrendé el local de él (de González). Firmamos contrato y acabo de ver que está declarado el contrato en Servel”, dice. “Esa es mi única relación con él, aparte que él, además, pertenece a la Cámara de Comercio, entonces, cuando la Cámara de Comercio celebra sus actividades, yo voy como van todos los diputados y concejales y ahí lo he visto, pero no tengo una relación de amistad”.González, por su parte, explica que ya no es parte de Fiden, que dos locales de máquinas de juegos que tenía los vendió a Jaime Curihual, director de la asociación, quien también ha asistido al Congreso a exponer sobre el interés de la gremial de legalizar la actividad.El arrendamiento de la sede que el empresario Nelson González facilitó al diputado es otro de los puntos que el Ministerio Público contemplaría en su investigación.Jiménez también firmó el protocolo de acuerdo que en 2013 buscaba regular la actividad. El diputado explica así su respaldo: “¿Qué fue lo que me hizo sentido a mí? Que hay muchas familias que dependen de esto. Y lo que a mí me preocupa es la adicción y la ludopatía, pero que los casinos grandes también la provocan”, dice.Sobre si ha recibido dinero o apoyo económico para campaña o para sí, de parte de empresarios del rubro, el diputado responde: “Nunca nada”. Tras conversar con este diario, Jiménez envió el documento que acredita haber declarado la sede en el Servel. El diputado buscó ese documento porque Nelson González lo llamó tras ser contactado por La Tercera.Nelson Hadad, su hijo y su intento por llegar al CongresoEn la última elección a diputados del distrito 11 que comprende a La Reina, Las Condes, Vitacura y Peñalolén, el exembajador de Chile en Ecuador Nelson Hadad obtuvo el respaldo de menos del 1% de los 407 mil electores que fueron a votar.Su hijo, Alberto Hadad, fue su administrador electoral de campaña y hasta el último minuto transmitía entre sus redes políticas que su padre tenía opciones de salir electo.Ambos, padre e hijo, fueron allanados por el Ministerio Público el jueves 23 de agosto. Hadad hijo es uno de los directores de la asociación Fiden y su padre considera que solo por esa razón fue él también objeto de la diligencia.Nelson Hadad militó en la DC hasta hace algunas semanas y estaba retirado de la política cuando entre el partido y su hijo lo convencieron para postular a la Cámara Baja. Asegura que no conoce el trabajo de Fiden y que tampoco se inmiscuyó en las tratativas de administración de campaña para obtener recursos.Su campaña fue austera, explican en su entorno, y se financió con solo $ 28 millones. Agregan que la fiscalía podría encontrar transferencias bancarias de un hijo a un padre en época de campañas, pero no vinculadas a delitos o irregularidades.El exdiplomático fue absuelto en 2013 de un caso de malversación de fondos que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte, luego de tres años de indagatoria y juicio.Su vida política ligada a la DC también pasó por el Poder Ejecutivo: en el gobierno de Ricardo Lagos fue subsecretario de Aviación.Hadad reactivó su vida política en la campaña pasada. Su abogado, Mario Vargas, tras la audiencia celebrada el miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía por esta causa, aseguró que no hubo nada irregular en su campaña y que tampoco Fiden tiene relación con platas políticas.“Ninguna relación. Don Nelson Hadad hizo una campaña muy austera, pidió un crédito, cosas que se están entregando a la fiscalía”, dijo Vargas el miércoles.
Una de las máquinas que se encuentran en los salones de juego de Santiago.
Durante años, la asociación que opera más de 33 mil máquinas tragamonedas en el país ha intentado legalizar su actividad. El lobby desplegado está hoy bajo investigación de parte de la fiscalía. También las relaciones construidas con diversos actores políticos.
Lo que más inquieta a los imputados que fueron allanados por la PDI en el caso tragamonedas la semana pasada es que los efectivos de la Bridec se llevaron sus teléfonos celulares personales.
El Ministerio Público ha sido hermético en esta causa. Los abogados defensores solo saben que sus clientes están siendo investigados por lavado de activos, que hay diligencias intrusivas en contra de empresarios del rubro y de tres asesores vinculados a la política: Pablo Zalaquett, el abogado Carlos Tudela y el exsuperintendente de casinos Francisco Leiva.
Los allanamientos se realizaron tras un largo seguimiento de escuchas telefónicas, en una causa en la que, dicen fuentes ligadas a la investigación, se indaga presunto cohecho como delito base de un caso de lavado de activos. La fiscalía, sin embargo, ha optado por no referirse al caso.
En el entorno de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado, Fiden -cuya directiva fue objeto de allanamientos- creen que la nueva investigación que el fiscal Roberto Contreras separó de la causa original -focalizada en la legalidad de los tragamonedas- no es otra cosa que una arista política.
En el Poder Legislativo y en los gobiernos municipales ya surgen las primeras revisiones internas respecto de cuánto contacto tuvieron con el lobby que la asociación desplegó en los últimos años en distintas comunas y en ambas cámaras. Esto, para impulsar, en primera instancia, permisos y patentes para instalar sus máquinas en distintas comunas de Chile. Y luego para promocionar una iniciativa que busca legalizar la actividad que hasta ahora es considerada ilegal y que es interpretada dentro de un vacío en la norma. En Chile, según un estudio de 2016 de la Universidad Católica, existen 33 mil máquinas tragamonedas y más de 1.300 locales. Las comunas con mayor presencia de estos juegos son Estación Central, Curicó, Temuco y Coquimbo.Los nexos de los integrantes de la asociación y sus empresarios es una de las líneas de investigación en esta causa. La Tercera constató lazos familiares, conexiones de campaña y vínculos contractuales con algunos políticos. Por su parte, la asociación anunció este viernes que hará una denuncia por filtraciones de la causa ante los tribunales de justicia y acusa al fiscal Contreras de imputar “arbitrariamente” el delito de lavado de activos.
Fiden y el lobby
Fiden es una asociación fundada en octubre de 2003. Hoy la preside el empresario Sebastián Salazar. Sus directores son Jaime Curihual (vicepresidente), Juan Carlos Aliste (secretario), Isaac Latorres y Alberto Hadad. Todos fueron objeto de allanamientos. Pero, según explicaron en su comunicado público de este viernes, “Fiden ha procurado en los últimos años la defensa y regulación de los juegos de habilidad y destreza, y de juego programado, a través de los cauces institucionales, tales como los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, los municipios y la Superintendencia de Casinos de Juego, entre otros, en forma pública y transparente”, dice. Esto, “por cuanto existen evidentes vacíos legales derivados de una regulación que es anticuada y que es preciso modernizar”.
La ley sobre esta actividad que para algunos constituyen casinos ilegales y para otros juegos no normados, avanzó justamente este mes de agosto en el Senado.El gobierno ha ido en contra de la legalización, y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, explicó ayer una opinión personal al respecto a La Tercera: “Esto involucra varias leyes, algunas que están vigentes y que se han intentado modificar. Yo sí creo, y la experiencia latinoamericana así lo demuestra, que la proliferación de este juego, ya sea en un marco jurídico nítido o no, genera externalidades negativas desde el punto de vista de la seguridad. Cuando uno mira en Latinoamérica las ciudades que han optado por regularizar este tipo de máquinas, hay alrededor de eso a lo menos una percepción de mayores niveles de inseguridad”, dice.Dos iniciativas coexisten en la Cámara Alta hoy: un proyecto que busca normar la actividad y que impulsaron en 2013 Ximena Rincón y Fulvio Rossi, además de Carlos Bianchi y Jaime Quintana. Y el otro, de autoría del senador Alejandro Navarro, que apunta a la prohibición total. Bianchi, uno de los patrocinantes del proyecto que busca regular la actividad, dijo ayer a La Tercera: “Ojalá no existieran las máquinas, pero existen y hay que normarlas”.Al iniciarse este año la actividad legislativa, los integrantes de la Comisión de Gobierno del Senado -que preside Pedro Araya y que integran Bianchi, Rabindranath Quinteros, Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea- solicitaron al secretario de la instancia hacer un catastro de los proyectos que podrían fusionarse. Y en virtud de que ambas iniciativas apuntan a lo mismo, los proyectos fueron unidos.Mientras el senador Navarro alega que es improcedente juntar dos proyectos totalmente opuestos, los cinco integrantes de la comisión aprobaron la idea de legislar, el lunes 20 de agosto pasado. Los integrantes de la Fiden -que habían asistido antes a la comisión- celebraron la decisión.Entre los pasos que anteceden a ese último hito figuran en los registros del Congreso un proyecto de acuerdo de 10 diputados, de 2013, para contrarrestar una iniciativa del gobierno que buscaba prohibir los juegos, y una visita de dirigentes de la Fiden, en enero de 2015, a la Comisión de Economía de la Cámara de diputados para proponer una regulación. El presidente de la instancia, Fuad Chahin, coincidía en ese tiempo con el gremio “en la necesidad de normar la industria”.
Nexos con Fiden
Carlos Tudela: abogado DC ligado a casos SQM y Junaeb
El abogado Carlos Tudela Aroca declaró judicialmente en 2016, en el caso SQM, que tenía una larga trayectoria política. Estudió en la Universidad de Chile, fue presidente regional y consejero nacional de la Democracia Cristiana. Entre 1978 y 1982 compartió estudio jurídico con Soledad Alvear. Entre 1994 y 2001 fue embajador de Chile en Singapur, en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos; luego trabajó en los ministerios de Agricultura y Educación y fue asesor legistativo del ministro Segpres José Antonio Viera- Gallo. En 2008 y 2009 fue todas las semanas al Congreso. Más tarde fue asesor de tres diputados DC: Ricardo Rincón, Víctor Torres y Roberto León. Políticamente, integra el grupo conocido como “los guatones” en la DC, ha dicho, igual que Marcelo Rozas y el senador Jorge Pizarro.En 2010 comenzó a ejercer como abogado independiente. Interrogado en septiembre de 2016, Tudela dijo trabajar con “laboratorios, farmacias, retail, minería, la banca, defensa. Por razones profesionales prefería no dar sus nombres”.Tudela ha sido imputado en dos causas: en el caso SQM, donde fue formalizado por facilitación de boletas de honorarios falsas, y sobreseído en 2017; y en la indagación por anomalías en las licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Ahora, Tudela está imputado en la causa por lavado de activos que la fiscalía dirige contra la industria de las máquinas de juego, reunida en la Fiden. Hace una semana, detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) allanaron uno de sus domicilios. Tudela concertaba reuniones y traspasaba minutas sobre la legalización de los tragamonedas a parlamentarios.En el expediente del caso SQM figura un e-mail enviado el 13 de agosto de 2013 por la secretaria del diputado DC Aldo Cornejo a Tudela. El asunto es “Proyecto de acuerdo” y se adjunta un documento firmado por varios legisladores que acuerdan regular la actividad de las máquinas tragamonedas. En otro correo, enviado por la misma secretaria a Tudela en noviembre de 2013, con el asunto “Casinos”, se adjunta un documento nombrado “Regulación casinos y tragamonedas”.La Tercera intentó contactarse, sin éxito, con Tudela.Pablo Zalaquett, de alcalde a lobbista de la FidenLa carrera pública del militante UDI Pablo Zalaquett se inició en el año 2000, cuando asumió como alcalde de La Florida. Ocho años después ocupó el sillón edilicio en la comuna de Santiago. La reelección de 2012 la perdió ante Carolina Tohá y al año siguiente postuló sin éxito a Senado por la circunscripción Santiago Poniente. Esa fue su última actividad ligada a un cargo público, pero continuó relacionado con las personas encargadas de tomar decisiones. Eso sí, ahora desde una nueva vereda: gestor de intereses.Según fuentes ligadas a la investigación a la Fiden, en que se indaga un presunto lavado de activos, Zalaquett llevaría por lo menos tres años trabajando para esta asociación gremial. En una primera instancia habría llegado a través de su empresa de comunicaciones. Luego fue reclutado como asesor y gestor de intereses. En el marco de esta actividad fue que el año 2016 concretó una serie de reuniones.Este periodo coincide con la ofensiva de Fiden en el Parlamento, en que gestionó una serie de reuniones con políticos para impulsar el proyecto que busca regular el uso de tragamonedas fuera de los casinos de juego. Así, en 2016 Zalaquett visitó en sus oficinas a los senadores Rabindranath Quinteros (DC) e Iván Moreira (UDI).Su labor para la Fiden también lo llevó a regiones, donde se reunió con la directora jurídica de la Municipalidad de Concepción, Ximena Torrejón, y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause. En julio pasado se reunió con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para exponer sobre “la proliferación de casinos informales ilegales y sugerir ámbito de acción para resolver y/o regular dicha situación”.Su residencia fue allanada la semana pasada por la investigación a la Fiden y los detectives se llevaron su teléfono celular y el computador de su hija. En esta causa, el exalcalde contrató al abogado Marcelo Hadwa Issa.Esta no es la primera vez que Zalaquett es investigado por la fiscalía. En 2015 fue formalizado por el caso Penta por delitos tributarios relacionados al financiamiento de campañas políticas.Aldo Cornejo, un declarado partidario de la legalizaciónLos integrantes de Fiden siguieron de cerca la fallida campaña a senador por Valparaíso del exdiputado DC Aldo Cornejo. Pero el exedil sacó menos del 3% en la elección, donde consiguió 16.381 votos.Para los empresarios del rubro, Cornejo es un aliado. Según explica el propio exdiputado a La Tercera, mientras estuvo en el Congreso su intención fue siempre escuchar y buscar fórmulas para regular la actividad. Si bien conoce a Sebastián Salazar y a Alberto Hadad -directores de Fiden-, su nexo más nítido con la asociación es el asesor y exembajador DC Carlos Tudela.Según información que estaría en manos del Ministerio Público, Tudela se comprometía a hacer llegar minutas y concertar reuniones entre directores del gremio y Cornejo. El exdiputado reconoce las reuniones, pero no la recepción de minutas.En 2013, Cornejo tuvo un rol legislativo importante para Fiden. El gobierno de Sebastián Piñera había frenado una iniciativa impulsada por la propia subsecretaria de Hacienda, que buscaba regular esta actividad. Fue el entonces subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, quien en julio de 2013 señaló que no iban a impulsar “casinos ilegales”.Cornejo, sin embargo, junto a otros 10 parlamentarios levantaron al poco tiempo un protocolo de acuerdo en la Cámara, que buscaba todo lo contrario. “El Ejecutivo no puede abstraerse y negarse a discutir una realidad”, dijo a la prensa tras presentar el protocolo en septiembre de 2013. Sus argumentos se mantienen: “Sigo estando convencido de que no se puede tapar el sol con un dedo. No sé cuántos de estos negocios hay en Chile, pero son muchos. Siempre me pareció necesario establecer un criterio”, dice.Aldo Cornejo descarta que en forma legal o ilegal haya recibido dinero desde la asociación para su campaña: “No he recibido nunca un peso de ellos”. Y agrega que de ser requerido por la fiscalía, no tendría problemas en explicarlo: “Si fuera necesario mi testimonio en los términos que le estoy hablando, no tengo ningún inconveniente en hacerlo”.Erika Olivera, la diputada emparentada con la industriaEl 31 de julio de 2017, Ruth Olivera de la Fuente, actual seremi de Deportes de Valparaíso, y el presidente del directorio de Fiden, Sebastián Salazar Bastidas, se reunieron en una notaría de calle Huérfanos 1160, en el centro de Santiago. Allí sellaron el ingreso de Olivera a la sociedad Salher Gaming Developers Limitada, donde tiene 10% de participación.Según el Diario Oficial, la firma constituida en 2013 se llamó, hasta mayo de 2016, Comercial Marsal Limitada y había inscrito entre sus marcas a “Mario el minero” y a “Bingo los 33”, ambos como equipos de juegos de “máquinas tragaperras”.Menos de dos meses después de este acuerdo societario, en septiembre de ese año, Ruth Olivera asumió como jefa de campaña y administradora electoral de su hermana, la diputada independiente pro RN Erika Olivera. Su nombre, al igual que sus vínculos con esta industria, hoy forman parte de la investigación que lidera el fiscal Roberto Contreras por supuestos delitos de lavado de activos e infracciones tributarias, entre otros ilícitos. Pero este no es el único vínculo de la diputada que está en la mira del Ministerio Público: también están los nexos de su cuñado, Francisco León von Mühlenbrock, esposo de Ruth Olivera, quien fue asesor de contenidos y finanzas de la campaña de la diputada. Actual asesor en Fonasa, León von Mühlenbrock mantendría lazos con Sebastián Salazar, presidente de Fiden. Desde 2005 es socio de Roberto León Araya, hijo del exdiputado DC Roberto León, en la Sociedad Comercializadora Max Machine Chile Limitada, firma dedicada a la seguridad industrial y que facturaba hasta 2009 cerca de $ 200 millones mensuales. Asimismo, tiene otra sociedad (R y S S.A.) con su primo León Araya, quien fue formalizado por boletas falsas en el caso SQM.La Fiscalía Oriente ya tendría antecedentes que vinculan la campaña de la diputada Olivera con presuntos aportes irregulares de Fiden. La Tercera contactó a la diputada Erika Olivera, a Ruth Olivera y a Francisco León, sin obtener, al cierre de esta edición, respuesta de los involucrados.Tucapel Jiménez y la sede de campaña en La CisternaEn el paradero de 25 de la Gran Avenida, en La Cisterna, un exsocio de Fiden y propietario de juegos de destreza, Nelson González, posee un local dentro de un conocido galpón de la zona. Según dice González, para la última campaña de 2017 el diputado PPD Tucapel Jiménez le arrendó ese local para usarlo como sede y guardar implementos de promoción.Ambos se conocen de antes. El diputado precisa, sin embargo, que no tiene una relación de amistad con el empresario. Y explica: “Alejandro Guillier tenía una sede al lado de ese local, y yo para asociarme a la campaña de Guillier, arrendé el local de él (de González). Firmamos contrato y acabo de ver que está declarado el contrato en Servel”, dice. “Esa es mi única relación con él, aparte que él, además, pertenece a la Cámara de Comercio, entonces, cuando la Cámara de Comercio celebra sus actividades, yo voy como van todos los diputados y concejales y ahí lo he visto, pero no tengo una relación de amistad”.González, por su parte, explica que ya no es parte de Fiden, que dos locales de máquinas de juegos que tenía los vendió a Jaime Curihual, director de la asociación, quien también ha asistido al Congreso a exponer sobre el interés de la gremial de legalizar la actividad.El arrendamiento de la sede que el empresario Nelson González facilitó al diputado es otro de los puntos que el Ministerio Público contemplaría en su investigación.Jiménez también firmó el protocolo de acuerdo que en 2013 buscaba regular la actividad. El diputado explica así su respaldo: “¿Qué fue lo que me hizo sentido a mí? Que hay muchas familias que dependen de esto. Y lo que a mí me preocupa es la adicción y la ludopatía, pero que los casinos grandes también la provocan”, dice.Sobre si ha recibido dinero o apoyo económico para campaña o para sí, de parte de empresarios del rubro, el diputado responde: “Nunca nada”. Tras conversar con este diario, Jiménez envió el documento que acredita haber declarado la sede en el Servel. El diputado buscó ese documento porque Nelson González lo llamó tras ser contactado por La Tercera.Nelson Hadad, su hijo y su intento por llegar al CongresoEn la última elección a diputados del distrito 11 que comprende a La Reina, Las Condes, Vitacura y Peñalolén, el exembajador de Chile en Ecuador Nelson Hadad obtuvo el respaldo de menos del 1% de los 407 mil electores que fueron a votar.Su hijo, Alberto Hadad, fue su administrador electoral de campaña y hasta el último minuto transmitía entre sus redes políticas que su padre tenía opciones de salir electo.Ambos, padre e hijo, fueron allanados por el Ministerio Público el jueves 23 de agosto. Hadad hijo es uno de los directores de la asociación Fiden y su padre considera que solo por esa razón fue él también objeto de la diligencia.Nelson Hadad militó en la DC hasta hace algunas semanas y estaba retirado de la política cuando entre el partido y su hijo lo convencieron para postular a la Cámara Baja. Asegura que no conoce el trabajo de Fiden y que tampoco se inmiscuyó en las tratativas de administración de campaña para obtener recursos.Su campaña fue austera, explican en su entorno, y se financió con solo $ 28 millones. Agregan que la fiscalía podría encontrar transferencias bancarias de un hijo a un padre en época de campañas, pero no vinculadas a delitos o irregularidades.El exdiplomático fue absuelto en 2013 de un caso de malversación de fondos que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte, luego de tres años de indagatoria y juicio.Su vida política ligada a la DC también pasó por el Poder Ejecutivo: en el gobierno de Ricardo Lagos fue subsecretario de Aviación.Hadad reactivó su vida política en la campaña pasada. Su abogado, Mario Vargas, tras la audiencia celebrada el miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía por esta causa, aseguró que no hubo nada irregular en su campaña y que tampoco Fiden tiene relación con platas políticas.“Ninguna relación. Don Nelson Hadad hizo una campaña muy austera, pidió un crédito, cosas que se están entregando a la fiscalía”, dijo Vargas el miércoles.
Una de las máquinas que se encuentran en los salones de juego de Santiago.
Durante años, la asociación que opera más de 33 mil máquinas tragamonedas en el país ha intentado legalizar su actividad. El lobby desplegado está hoy bajo investigación de parte de la fiscalía. También las relaciones construidas con diversos actores políticos.
Lo que más inquieta a los imputados que fueron allanados por la PDI en el caso tragamonedas la semana pasada es que los efectivos de la Bridec se llevaron sus teléfonos celulares personales.
El Ministerio Público ha sido hermético en esta causa. Los abogados defensores solo saben que sus clientes están siendo investigados por lavado de activos, que hay diligencias intrusivas en contra de empresarios del rubro y de tres asesores vinculados a la política: Pablo Zalaquett, el abogado Carlos Tudela y el exsuperintendente de casinos Francisco Leiva.
Los allanamientos se realizaron tras un largo seguimiento de escuchas telefónicas, en una causa en la que, dicen fuentes ligadas a la investigación, se indaga presunto cohecho como delito base de un caso de lavado de activos. La fiscalía, sin embargo, ha optado por no referirse al caso.
En el entorno de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado, Fiden -cuya directiva fue objeto de allanamientos- creen que la nueva investigación que el fiscal Roberto Contreras separó de la causa original -focalizada en la legalidad de los tragamonedas- no es otra cosa que una arista política.
En el Poder Legislativo y en los gobiernos municipales ya surgen las primeras revisiones internas respecto de cuánto contacto tuvieron con el lobby que la asociación desplegó en los últimos años en distintas comunas y en ambas cámaras. Esto, para impulsar, en primera instancia, permisos y patentes para instalar sus máquinas en distintas comunas de Chile. Y luego para promocionar una iniciativa que busca legalizar la actividad que hasta ahora es considerada ilegal y que es interpretada dentro de un vacío en la norma. En Chile, según un estudio de 2016 de la Universidad Católica, existen 33 mil máquinas tragamonedas y más de 1.300 locales. Las comunas con mayor presencia de estos juegos son Estación Central, Curicó, Temuco y Coquimbo.Los nexos de los integrantes de la asociación y sus empresarios es una de las líneas de investigación en esta causa. La Tercera constató lazos familiares, conexiones de campaña y vínculos contractuales con algunos políticos. Por su parte, la asociación anunció este viernes que hará una denuncia por filtraciones de la causa ante los tribunales de justicia y acusa al fiscal Contreras de imputar “arbitrariamente” el delito de lavado de activos.
Fiden y el lobby
Fiden es una asociación fundada en octubre de 2003. Hoy la preside el empresario Sebastián Salazar. Sus directores son Jaime Curihual (vicepresidente), Juan Carlos Aliste (secretario), Isaac Latorres y Alberto Hadad. Todos fueron objeto de allanamientos. Pero, según explicaron en su comunicado público de este viernes, “Fiden ha procurado en los últimos años la defensa y regulación de los juegos de habilidad y destreza, y de juego programado, a través de los cauces institucionales, tales como los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, los municipios y la Superintendencia de Casinos de Juego, entre otros, en forma pública y transparente”, dice. Esto, “por cuanto existen evidentes vacíos legales derivados de una regulación que es anticuada y que es preciso modernizar”.
La ley sobre esta actividad que para algunos constituyen casinos ilegales y para otros juegos no normados, avanzó justamente este mes de agosto en el Senado.El gobierno ha ido en contra de la legalización, y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, explicó ayer una opinión personal al respecto a La Tercera: “Esto involucra varias leyes, algunas que están vigentes y que se han intentado modificar. Yo sí creo, y la experiencia latinoamericana así lo demuestra, que la proliferación de este juego, ya sea en un marco jurídico nítido o no, genera externalidades negativas desde el punto de vista de la seguridad. Cuando uno mira en Latinoamérica las ciudades que han optado por regularizar este tipo de máquinas, hay alrededor de eso a lo menos una percepción de mayores niveles de inseguridad”, dice.Dos iniciativas coexisten en la Cámara Alta hoy: un proyecto que busca normar la actividad y que impulsaron en 2013 Ximena Rincón y Fulvio Rossi, además de Carlos Bianchi y Jaime Quintana. Y el otro, de autoría del senador Alejandro Navarro, que apunta a la prohibición total. Bianchi, uno de los patrocinantes del proyecto que busca regular la actividad, dijo ayer a La Tercera: “Ojalá no existieran las máquinas, pero existen y hay que normarlas”.Al iniciarse este año la actividad legislativa, los integrantes de la Comisión de Gobierno del Senado -que preside Pedro Araya y que integran Bianchi, Rabindranath Quinteros, Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea- solicitaron al secretario de la instancia hacer un catastro de los proyectos que podrían fusionarse. Y en virtud de que ambas iniciativas apuntan a lo mismo, los proyectos fueron unidos.Mientras el senador Navarro alega que es improcedente juntar dos proyectos totalmente opuestos, los cinco integrantes de la comisión aprobaron la idea de legislar, el lunes 20 de agosto pasado. Los integrantes de la Fiden -que habían asistido antes a la comisión- celebraron la decisión.Entre los pasos que anteceden a ese último hito figuran en los registros del Congreso un proyecto de acuerdo de 10 diputados, de 2013, para contrarrestar una iniciativa del gobierno que buscaba prohibir los juegos, y una visita de dirigentes de la Fiden, en enero de 2015, a la Comisión de Economía de la Cámara de diputados para proponer una regulación. El presidente de la instancia, Fuad Chahin, coincidía en ese tiempo con el gremio “en la necesidad de normar la industria”.
Nexos con Fiden
Carlos Tudela: abogado DC ligado a casos SQM y Junaeb
El abogado Carlos Tudela Aroca declaró judicialmente en 2016, en el caso SQM, que tenía una larga trayectoria política. Estudió en la Universidad de Chile, fue presidente regional y consejero nacional de la Democracia Cristiana. Entre 1978 y 1982 compartió estudio jurídico con Soledad Alvear. Entre 1994 y 2001 fue embajador de Chile en Singapur, en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos; luego trabajó en los ministerios de Agricultura y Educación y fue asesor legistativo del ministro Segpres José Antonio Viera- Gallo. En 2008 y 2009 fue todas las semanas al Congreso. Más tarde fue asesor de tres diputados DC: Ricardo Rincón, Víctor Torres y Roberto León. Políticamente, integra el grupo conocido como “los guatones” en la DC, ha dicho, igual que Marcelo Rozas y el senador Jorge Pizarro.En 2010 comenzó a ejercer como abogado independiente. Interrogado en septiembre de 2016, Tudela dijo trabajar con “laboratorios, farmacias, retail, minería, la banca, defensa. Por razones profesionales prefería no dar sus nombres”.Tudela ha sido imputado en dos causas: en el caso SQM, donde fue formalizado por facilitación de boletas de honorarios falsas, y sobreseído en 2017; y en la indagación por anomalías en las licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Ahora, Tudela está imputado en la causa por lavado de activos que la fiscalía dirige contra la industria de las máquinas de juego, reunida en la Fiden. Hace una semana, detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) allanaron uno de sus domicilios. Tudela concertaba reuniones y traspasaba minutas sobre la legalización de los tragamonedas a parlamentarios.En el expediente del caso SQM figura un e-mail enviado el 13 de agosto de 2013 por la secretaria del diputado DC Aldo Cornejo a Tudela. El asunto es “Proyecto de acuerdo” y se adjunta un documento firmado por varios legisladores que acuerdan regular la actividad de las máquinas tragamonedas. En otro correo, enviado por la misma secretaria a Tudela en noviembre de 2013, con el asunto “Casinos”, se adjunta un documento nombrado “Regulación casinos y tragamonedas”.La Tercera intentó contactarse, sin éxito, con Tudela.Pablo Zalaquett, de alcalde a lobbista de la FidenLa carrera pública del militante UDI Pablo Zalaquett se inició en el año 2000, cuando asumió como alcalde de La Florida. Ocho años después ocupó el sillón edilicio en la comuna de Santiago. La reelección de 2012 la perdió ante Carolina Tohá y al año siguiente postuló sin éxito a Senado por la circunscripción Santiago Poniente. Esa fue su última actividad ligada a un cargo público, pero continuó relacionado con las personas encargadas de tomar decisiones. Eso sí, ahora desde una nueva vereda: gestor de intereses.Según fuentes ligadas a la investigación a la Fiden, en que se indaga un presunto lavado de activos, Zalaquett llevaría por lo menos tres años trabajando para esta asociación gremial. En una primera instancia habría llegado a través de su empresa de comunicaciones. Luego fue reclutado como asesor y gestor de intereses. En el marco de esta actividad fue que el año 2016 concretó una serie de reuniones.Este periodo coincide con la ofensiva de Fiden en el Parlamento, en que gestionó una serie de reuniones con políticos para impulsar el proyecto que busca regular el uso de tragamonedas fuera de los casinos de juego. Así, en 2016 Zalaquett visitó en sus oficinas a los senadores Rabindranath Quinteros (DC) e Iván Moreira (UDI).Su labor para la Fiden también lo llevó a regiones, donde se reunió con la directora jurídica de la Municipalidad de Concepción, Ximena Torrejón, y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause. En julio pasado se reunió con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para exponer sobre “la proliferación de casinos informales ilegales y sugerir ámbito de acción para resolver y/o regular dicha situación”.Su residencia fue allanada la semana pasada por la investigación a la Fiden y los detectives se llevaron su teléfono celular y el computador de su hija. En esta causa, el exalcalde contrató al abogado Marcelo Hadwa Issa.Esta no es la primera vez que Zalaquett es investigado por la fiscalía. En 2015 fue formalizado por el caso Penta por delitos tributarios relacionados al financiamiento de campañas políticas.Aldo Cornejo, un declarado partidario de la legalizaciónLos integrantes de Fiden siguieron de cerca la fallida campaña a senador por Valparaíso del exdiputado DC Aldo Cornejo. Pero el exedil sacó menos del 3% en la elección, donde consiguió 16.381 votos.Para los empresarios del rubro, Cornejo es un aliado. Según explica el propio exdiputado a La Tercera, mientras estuvo en el Congreso su intención fue siempre escuchar y buscar fórmulas para regular la actividad. Si bien conoce a Sebastián Salazar y a Alberto Hadad -directores de Fiden-, su nexo más nítido con la asociación es el asesor y exembajador DC Carlos Tudela.Según información que estaría en manos del Ministerio Público, Tudela se comprometía a hacer llegar minutas y concertar reuniones entre directores del gremio y Cornejo. El exdiputado reconoce las reuniones, pero no la recepción de minutas.En 2013, Cornejo tuvo un rol legislativo importante para Fiden. El gobierno de Sebastián Piñera había frenado una iniciativa impulsada por la propia subsecretaria de Hacienda, que buscaba regular esta actividad. Fue el entonces subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, quien en julio de 2013 señaló que no iban a impulsar “casinos ilegales”.Cornejo, sin embargo, junto a otros 10 parlamentarios levantaron al poco tiempo un protocolo de acuerdo en la Cámara, que buscaba todo lo contrario. “El Ejecutivo no puede abstraerse y negarse a discutir una realidad”, dijo a la prensa tras presentar el protocolo en septiembre de 2013. Sus argumentos se mantienen: “Sigo estando convencido de que no se puede tapar el sol con un dedo. No sé cuántos de estos negocios hay en Chile, pero son muchos. Siempre me pareció necesario establecer un criterio”, dice.Aldo Cornejo descarta que en forma legal o ilegal haya recibido dinero desde la asociación para su campaña: “No he recibido nunca un peso de ellos”. Y agrega que de ser requerido por la fiscalía, no tendría problemas en explicarlo: “Si fuera necesario mi testimonio en los términos que le estoy hablando, no tengo ningún inconveniente en hacerlo”.Erika Olivera, la diputada emparentada con la industriaEl 31 de julio de 2017, Ruth Olivera de la Fuente, actual seremi de Deportes de Valparaíso, y el presidente del directorio de Fiden, Sebastián Salazar Bastidas, se reunieron en una notaría de calle Huérfanos 1160, en el centro de Santiago. Allí sellaron el ingreso de Olivera a la sociedad Salher Gaming Developers Limitada, donde tiene 10% de participación.Según el Diario Oficial, la firma constituida en 2013 se llamó, hasta mayo de 2016, Comercial Marsal Limitada y había inscrito entre sus marcas a “Mario el minero” y a “Bingo los 33”, ambos como equipos de juegos de “máquinas tragaperras”.Menos de dos meses después de este acuerdo societario, en septiembre de ese año, Ruth Olivera asumió como jefa de campaña y administradora electoral de su hermana, la diputada independiente pro RN Erika Olivera. Su nombre, al igual que sus vínculos con esta industria, hoy forman parte de la investigación que lidera el fiscal Roberto Contreras por supuestos delitos de lavado de activos e infracciones tributarias, entre otros ilícitos. Pero este no es el único vínculo de la diputada que está en la mira del Ministerio Público: también están los nexos de su cuñado, Francisco León von Mühlenbrock, esposo de Ruth Olivera, quien fue asesor de contenidos y finanzas de la campaña de la diputada. Actual asesor en Fonasa, León von Mühlenbrock mantendría lazos con Sebastián Salazar, presidente de Fiden. Desde 2005 es socio de Roberto León Araya, hijo del exdiputado DC Roberto León, en la Sociedad Comercializadora Max Machine Chile Limitada, firma dedicada a la seguridad industrial y que facturaba hasta 2009 cerca de $ 200 millones mensuales. Asimismo, tiene otra sociedad (R y S S.A.) con su primo León Araya, quien fue formalizado por boletas falsas en el caso SQM.La Fiscalía Oriente ya tendría antecedentes que vinculan la campaña de la diputada Olivera con presuntos aportes irregulares de Fiden. La Tercera contactó a la diputada Erika Olivera, a Ruth Olivera y a Francisco León, sin obtener, al cierre de esta edición, respuesta de los involucrados.Tucapel Jiménez y la sede de campaña en La CisternaEn el paradero de 25 de la Gran Avenida, en La Cisterna, un exsocio de Fiden y propietario de juegos de destreza, Nelson González, posee un local dentro de un conocido galpón de la zona. Según dice González, para la última campaña de 2017 el diputado PPD Tucapel Jiménez le arrendó ese local para usarlo como sede y guardar implementos de promoción.Ambos se conocen de antes. El diputado precisa, sin embargo, que no tiene una relación de amistad con el empresario. Y explica: “Alejandro Guillier tenía una sede al lado de ese local, y yo para asociarme a la campaña de Guillier, arrendé el local de él (de González). Firmamos contrato y acabo de ver que está declarado el contrato en Servel”, dice. “Esa es mi única relación con él, aparte que él, además, pertenece a la Cámara de Comercio, entonces, cuando la Cámara de Comercio celebra sus actividades, yo voy como van todos los diputados y concejales y ahí lo he visto, pero no tengo una relación de amistad”.González, por su parte, explica que ya no es parte de Fiden, que dos locales de máquinas de juegos que tenía los vendió a Jaime Curihual, director de la asociación, quien también ha asistido al Congreso a exponer sobre el interés de la gremial de legalizar la actividad.El arrendamiento de la sede que el empresario Nelson González facilitó al diputado es otro de los puntos que el Ministerio Público contemplaría en su investigación.Jiménez también firmó el protocolo de acuerdo que en 2013 buscaba regular la actividad. El diputado explica así su respaldo: “¿Qué fue lo que me hizo sentido a mí? Que hay muchas familias que dependen de esto. Y lo que a mí me preocupa es la adicción y la ludopatía, pero que los casinos grandes también la provocan”, dice.Sobre si ha recibido dinero o apoyo económico para campaña o para sí, de parte de empresarios del rubro, el diputado responde: “Nunca nada”. Tras conversar con este diario, Jiménez envió el documento que acredita haber declarado la sede en el Servel. El diputado buscó ese documento porque Nelson González lo llamó tras ser contactado por La Tercera.Nelson Hadad, su hijo y su intento por llegar al CongresoEn la última elección a diputados del distrito 11 que comprende a La Reina, Las Condes, Vitacura y Peñalolén, el exembajador de Chile en Ecuador Nelson Hadad obtuvo el respaldo de menos del 1% de los 407 mil electores que fueron a votar.Su hijo, Alberto Hadad, fue su administrador electoral de campaña y hasta el último minuto transmitía entre sus redes políticas que su padre tenía opciones de salir electo.Ambos, padre e hijo, fueron allanados por el Ministerio Público el jueves 23 de agosto. Hadad hijo es uno de los directores de la asociación Fiden y su padre considera que solo por esa razón fue él también objeto de la diligencia.Nelson Hadad militó en la DC hasta hace algunas semanas y estaba retirado de la política cuando entre el partido y su hijo lo convencieron para postular a la Cámara Baja. Asegura que no conoce el trabajo de Fiden y que tampoco se inmiscuyó en las tratativas de administración de campaña para obtener recursos.Su campaña fue austera, explican en su entorno, y se financió con solo $ 28 millones. Agregan que la fiscalía podría encontrar transferencias bancarias de un hijo a un padre en época de campañas, pero no vinculadas a delitos o irregularidades.El exdiplomático fue absuelto en 2013 de un caso de malversación de fondos que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte, luego de tres años de indagatoria y juicio.Su vida política ligada a la DC también pasó por el Poder Ejecutivo: en el gobierno de Ricardo Lagos fue subsecretario de Aviación.Hadad reactivó su vida política en la campaña pasada. Su abogado, Mario Vargas, tras la audiencia celebrada el miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía por esta causa, aseguró que no hubo nada irregular en su campaña y que tampoco Fiden tiene relación con platas políticas.“Ninguna relación. Don Nelson Hadad hizo una campaña muy austera, pidió un crédito, cosas que se están entregando a la fiscalía”, dijo Vargas el miércoles.
TOPSHOT - US President Donald Trump speaks during a campaign rally at Ford Center in Evansville, Indiana on August 30, 2018. / AFP / MANDEL NGAN TOPSHOTS-TOPSHOT-US-POLITICS-TRUMP-RALLY
La encuesta de ABC News y The Washington Post revela que solo el 36% aprueba su gestión. Además, casi la mitad de los encuestados cree que el Congreso debiera comenzar un proceso de impeachment contra el mandatario.
A dos meses de las elecciones legislativas de medio término para renovar el Congreso estadounidense –en las que la oposición demócrata tiene altas posibilidades de obtener la mayoría al menos en la Cámara de Representantes- el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta su peor momento de popularidad. Una encuesta de The Washington Post y la cadena ABC reveló hoy que el mandatario republicano posee un 60% de desaprobación, la cifra más alta desde que asumió en la Casa Blanca, en enero de 2017. Solo el 36% de los encuestados aprueba su gestión.
Las cifras desfavorables ocurren justo en el momento político más difícil de Trump. La caída de dos exhombres clave de su campaña ha calado hondo en su imagen presidencial. Se trata del exjefe de campaña Paul Manafort y su exabogado Michael Cohen, acusados de fraude fiscal y de financiación ilegal de campaña, respectivamente. Ambas acusaciones se dieron a conocer la semana pasada. Trump excusó públicamente a Manafort, mientras que no respaldó y tomó distancia de Cohen. La encuesta también expresa que dos tercios de los estadounidenses (53%) se oponen a que Trump perdone a Manafort, mientras que el 18% apoya el indulto.
La oposición a las rencillas políticas que ha protagonizado Trump también se visibiliza en relación con sus ataques públicos al fiscal general Jeff Sessions. El Presidente ha manifestado su frustración por la decisión de Sessions de apartarse de todo lo relacionado con la investigación sobre la trama rusa, por un posible conflicto de interés. De hecho, Trump ha consultado a sus abogados y otros asesores para despedir a Sessions, tras considerarlo desleal. Sin embargo, los estadounidenses respaldan a Sessions. El 64% no cree que Trump deba despedirlo. Casi la mitad de los republicanos, el 47%, dice que Trump no debe sacar al fiscal general, y el 31% dice que debería hacerlo.
El jefe de Estado también ha apuntado contra el fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación acerca de la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Trump ha manifestado que dicha investigación es una “caza de brujas”, y hoy incluso amenazó con intervenir el Departamento de Justicia y el FBI si estas instituciones no “hacen su trabajo”. Pero la ciudadanía cree mayoritariamente, 53%, que Trump ha tratado de interferir con la investigación de Mueller, lo que podría convertirse en un caso de obstrucción a la justicia.
Pero es el caso de Cohen el que podría derivar en un juicio político en el Congreso. En ese sentido, el 49% cree que el Legislativo debiera comenzar un proceso de impeachment, mientras que el 46% se opone.
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