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En el documento, la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU afirmó que el Gobierno venezolano "ha puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican" al Mandatario.
Bachelet se reunió con Maduro el pasado 21 de junio en Caracas.
AFP
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar "medidas específicas" para "detener y remediar las graves vulneraciones" de los derechos humanos en Venezuela que documentó en un informe publicado este jueves luego de la visita hecha al país caribeño hace dos semanas.
La oficina de Bachelet sostiene que en la última década, aunque especialmente desde 2016, "el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
"Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos", precisa el documento.
En concreto, la ex Mandataria destaca la "paulatina militarización de las instituciones del Estado". En el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, "tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones".
El informe hace énfasis en el accionar de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), con una proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales "sorprendentemente elevada". Solo en 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos de las FAES. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1.569. Sin embargo, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", alerta la ONU.
Además, el texto afirma que "el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria", aunque se pudo apreciar que, si bien "Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (...) las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis económica".
En cuanto al derecho a la alimentación, el informe denuncia que "la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres".
"La situación sanitaria del país es grave", asevera Bachelet, indicando que "los hospitales carecen de personal, medicamentos y electricidad". La Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019 reveló que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 se produjeron 1.557 fallecimientos en los hospitales por falta de suministros.
"Los venezolanos merecen una vida mejor"
"Todos deberíamos estar de acuerdo en que los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, al agua, a la atención médica y a una vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas", precisó Bachelet en su informe.
La ex Presidenta se adelantó también a las posibles críticas del Palacio de Miraflores recalcando que "este informe no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho".
"Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando", declaró.
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